INICIATIVA PARA ANTIDOPING OBLIGATORIO A ESTUDIANTES MEXICANOS.

Apareció primero en La Jornada Aguascalientes dentro del suplemento /Autonomía 85 del 9 de marzo de 2014.

La senadora María Cristina Díaz del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la Iniciativa de Decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley General de Educación; Ley General de Salud, y la Ley general de Cultura Física y Deporte, para Desarrollar Programas Escolares de Prevención y Protección a Jóvenes con Trastorno Alimenticios o Adicciones. Dicha iniciativa pueden consultarse en el portal web que aparece más abajo.

Parte de dicha Iniciativa incluye que se realicen pruebas antidoping a estudiantes mexicanos de 17 a 24 de forma obligatoria. La exposición de motivos carece, entre cosas, de una correcta interpretación de lo que sabemos en sobre consumos de drogas en México, algunos son:

1. La propuesta va encaminada a estudiantes mexicanos, sin embargo se basa en datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Por su metodología la encuesta se realiza en hogares (no incluye población en situación de calle, ni prisiones) pero que un joven viva en un hogar no indica que curse algún programa de educación, por lo que para el caso de la iniciativa los datos estarían sobrestimados.
2. Hace referencia a que la prevalencia más alta de consumo se encuentra en la población de 18 a 34 años, que es del 2.8%. Aquí encontramos dos errores a) Por la composición demográfica es natural que esa sea la población con mayores prevalencias en lo que sea que se mida. b) No indica que ese valor se refiere a la prevalencia del consumo total de drogas, incluyendo legales. Si analizamos los aumentos de prevalencia de drogas legales (tabaco y alcohol) contra el de drogas ilegales, son las drogas legales las que más aumentaron su consumo. Por lo que la iniciativa, en todo caso, debería enfocarse a drogas legales.
3. Una prueba antidoping para la detección de 3 drogas tiene un valor comercial de casi $200, y una de detección de 5 drogas es de casi $400. Lo que tampoco se menciona en la iniciativa, ni hace un estimado de costos que requeriría llevar a cabo dichas acciones.

Peor aún, la iniciativa surge en un momento en que sabemos que el prohibicionismo de drogas ha fracaso en México y el mundo. Y que es ahora cuando las iniciativas para avanzar en la legalización de la marihuana tienen importantes avances, y el apoyo de representantes del PRD, PAN, PVEM, PT, MC y NA (véase el /Autonomía anterior).

La A.C. Espolea (www.espolea.org) es una organización multidisciplinaria de jóvenes universitarios que lucha por el empoderamiento de la juventud. Envío el 3 de marzo una carta abierta a la senadora, en que sobresalen los siguientes puntos:

“1. Sobre la efectividad de las pruebas antidoping propuestas. En la búsqueda de políticas de prevención del uso y abuso de drogas entre jóvenes y adolescentes, el factor primordial de selección de estrategias debe ser responder a los problemas y necesidades de determinado grupo o población. Realizar pruebas antidoping a jóvenes como medio de prevención (a través de la disuasión) del uso de drogas y para combatir las adicciones ha sido reconocida una práctica poco exitosa de prevención. [1] Diversos estudios realizados en torno a la efectividad de este tipo de acciones han demostrado que éstas no previenen, ni inhiben, el uso de drogas entre las y los estudiantes.[2]

2. Sobre la universalidad y alcance de la propuesta. Según la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, la población entre 16 y 23 años es de 17 millones de personas. De éstas, sólo 8 millones estudian.[3] Por ello, la propuesta además de ineficiente, es de poco alcance. Su universalización sería, sin embargo, sumamente cara y se desaprovecharían escasos recursos de los sistema de salud y educación en mecanismos que no logran sus objetivos de manera eficaz y eficiente[4].

3. Ambientes de desconfianza generan menor acceso a la información. Asimismo, estas prácticas alejan a los estudiantes de los planteles escolares y tienen efectos negativos en la confianza entre alumnos y docentes –y consecuentemente en la formación del estudiantes.[5] La aplicación de pruebas antidoping genera ambientes de desconfianza entre los estudiantes y el personal de las escuelas, lo cual suprime canales de comunicación entre los estudiantes.[6] Acciones como la propuesta disminuiría las posibilidad de crear un ambiente positivo y de confianza en escuelas preparatorias y universidades.[7]

4. La diversidad detrás del uso de sustancias psicoactivas. Las pruebas antidoping no distinguen por sí mismas entre la amplia diversidad de razones para utilizar drogas, ni las formas de consumo. Encuestas realizadas en el Distrito Federal indican distintas razones por las cuales las y los jóvenes mexicanos utilizan sustancias psicoactivas, y distinguen usos experimental, ocasional, regular o frecuente.[8][9] La medida propuesta únicamente determina el uso positivo o negativo de una sustancia, sin reparar en las razones y/o periodicidad, dos factores fundamentales para poder valorar un posible uso problemático de drogas.

5. El cambios de sustancia de preferencia por parte de las y los jóvenes. El día de hoy, el 1.3% de los jóvenes de 12 y 17, y el 1.9% de los jóvenes entre 18 y 34 años utilizan cannabis.[10] Si bien existe un policonsumo reportado en este uso[11], la aplicación de pruebas antidoping podría generar un “efecto globo” en la preferencia de sustancias por parte de jóvenes estudiantes. Investigaciones realizadas en la Universidad de Glasgow han demostrado que la sobre-concentración de medidas persecutorias en drogas perceptibles por pruebas antidoping en un periodo más amplio (como la marihuana), podrían alentar el tránsito a preferencias de consumo por drogas que se eliminan del organismo de manera más rápida (como la heroína).[12]

Finalmente, nos parece importante resaltar que la aplicación de pruebas antidoping obligatorias representa una invasión de privacidad, intimidad y de la vida de las y los jóvenes y adolescentes, y fomenta la discriminación. La propuesta violenta los derechos de niños y adolescentes según lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Mexicana[13], en laLey para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la Convención de los derechos del niño, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[14] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15]. Para responder efectivamente al fenómeno de las drogas, cualquier política pública que impulsemos debe partir de evidencia científica, un enfoque de salud y un marco de derechos humanos. Esperamos que lo aquí expuesto contribuya a desistir su iniciativa”.

¿Seguimos apoyando políticos y partidos que gobiernan sin siquiera conocer o atender evidencia científica (no solo en temas de drogas) o como sociedad civil actuamos para cambiar esto?

[1] Joseph Rowntree Foundation. Review Highlights lack of evidence to support random drug-testing in schools [En línea] Disponible en: http://www.jrf.org.uk/publications/random-drug-testing-schoolchildren. Revisado 25 febrero, 2014.

[2] L. Johnston et al. Drug Testing in Schools: Policies, Practices, and Associations With Student Drug Use. 2003. University of Michigan, Institute for Social Research, Ann Arbor.
http://www .rwjf.org/research/researchdetail.jsp ?id=1234&ia=131 

[3] Subsecretaría de Educación Superior (2010) Encuesta Nacional de Juventud, 2010.

[4] Barra, A. DDT: La prevención que funciona para las drogas. Espolea [En línea] Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-laprevencionquefunciona.pdf. Revisado 3 marzo, 2014.

[5] Barra, A.; Joloy, D. (2011) Visión Joven, Niños: Las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas de México. Espolea [En línea] Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/vj-barra-joloy.pdf. Revisado 2 marzo, 2014. 

[6] Joseph Rowntree Foundation (2005) Random Drug Testing of Schoolchildren: A shot in the Arm or a Shot in the Foot for Drug Prevention? York ´Publishing Services.

[7] NPR. Drug Tests Don’t Deter Drug Use, But School Enviroment Might [En línea] Disponible en: http://www.npr.org/blogs/health/2014/01/14/262466903/drug-tests-dont-deter-drug-use-but-school-environment-might. Revisado 27 febrero, 2014.

[8] Zamudio, Carlos (2013) Los mercados de drogas ilícitas de la Ciudad de México. Cuadernos CUPHID, Año 3, Núm. 3, marzo – agosto 2013. 

[9]Op. Cit. Joseph Rowntree Foundation

[10] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública;
Secretaría de Salud (2012) Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas ilícitas [En línea] Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf. Revisado 3 marzo, 2014. 

[11] Op. Cit. Zamudio, Carlos. 

[12] Ibíd. 

[13] “[…] Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismo, así como manifestar su oposición, en los términos que fije la ley […]”

[14] Artículo 12. 

[15] Artívuo 17.