Apareció primero en el suplemento /Autonomía 49 de La Jornada Aguascalientes, del 1 de septiembre.
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Hace poco más de tres años, el 20 de agosto de 2009 entró en
vigor la llamada “Ley contra el narcomenudeo”, que en realidad
son varios cambios a la Ley General de Salud (LGS), del Código Penal
Federal (CPF) y del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).
Que son parte de una campaña coordinada (eso dicen, yo tengo mis
dudas) de la llamada guerra contra el narco en México.
Según
un estudio sobre sobre la llamada “Ley contra el narcomenudeo”
del International Drug Policy Consortium la ley tiene los siguientes
puntos positivos: 1) reconoce y diferencia entre usurario,
farmacodependiente y traficante, lo que en un futuro puede permitir
el desarrollo de los derechos de los consumidores, sean o no
farmacodependientes. 2) Crea la posibilidad de debate público sobre
los derechos individuales y los límites del Estado en materia de
libertad de elección personal y de derechos de los consumidores. 3)
Incluye la reducción de daños como política de Estado. Y 4)
Mantienen los usos tradicionales de ciertas drogas por parte de las
culturas indígenas del país.
Los
aspectos negativos son: 1) No entiende la
demanda y la oferta de drogas como un fenómeno cultural y de salud,
tanto como uno criminal y de mercado. 2) Instaura la incitación al
delito, ya que permite que policías encubiertos puedan simular
compra de drogas para evidenciar a traficantes. 3) No resuelve la
ilegalidad intrínseca del consumidor, pues no contempla un acceso
seguro y legal de las personas a las drogas que permite poseer. 4)
Obvia las capacidades policíacas reales para enfrentar el poder
económico y de violencia del narcotráfico y expone a más policías
a su capacidad de corrupción y cooptación. 5) Criminaliza y
penaliza de forma bastante dura a los consumidores en caso de ser
consignados por delitos consustanciales al acto de consumir. Y 6)
Penas de cárcel desproporcionadas para quienes ingresan al mercado
ilícito de drogas ante la falta de oportunidades económicas; un
riesgo evidente para las franjas más vulnerables de la población,
como campesinos, jóvenes y mujeres.
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Las
consecuencias después de 3 años de aplicación ha sido una sobre
carga de los sistemas penitenciarios en México, pues la gran mayoría
de las condenas son a mandos medios bajos de las estructuras del
narcotráfico y narcomenudistas que distribuyen pocas cantidades de
drogas; los altos mandos y fuentes de financiamiento del “narco”
casi no han sido dañadas.
Peor
aún, el Estado mexicano parece no tener control total del ejército,
que ha sido usado en ese combate a las drogas. Recientemente un cable
de Wikileaks dice que el Acuerdo General de
Seguridad de Información Militar (GSOMIA,
por su siglas en inglés), que se firmó en septiembre de 2008 entre
el almirante Francisco Saynez, Secretario de Marina, y Paul McHale,
subsecretario del Departamento de Defensa, tras negociaciones
iniciadas en 1981. Obliga a la Marina a no revelar toda su
información a otras dependencias e incluso al Ejecutivo Federal, sin
consultarlo directamente con el Pentágono.
El
asunto se vuelve más grave, cuando otro cable de wikileaks
revela que el cónsul de Asuntos Legales y Políticos de México,
Fernando de la Mora, compartió información de inteligencia sobre
combate a naco a la consultora gringa Stratfor, violando el acuerdo
firmado.
Es
casi un hecho que el siguiente Presidente será Enrique Peña Nieto,
quien ha manifestado sus intenciones de continuar con el mismo modelo
antidrogras de Felipe Calderón, dictado desde USA. Sin embargo se
enfrenta a un gran rechazo social y evidencia de que el “aliado”
del Norte no cumple sus acuerdos e incluso atenta contra la soberanía
nacional. De ser así, para el siguiente sexenio podrías esperar una
escalada en la ola de violencia y mayor sobre carga del sistema
penitenciario.
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