LA LEY ANTINARCOMENUDEO EN MÉXICO.

Apareció primero en el suplemento /Autonomía 49 de La Jornada Aguascalientes, del 1 de septiembre.

Hace poco más de tres años, el 20 de agosto de 2009 entró en vigor la llamada “Ley contra el narcomenudeo”, que en realidad son varios cambios a la Ley General de Salud (LGS), del Código Penal Federal (CPF) y del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP). Que son parte de una campaña coordinada (eso dicen, yo tengo mis dudas) de la llamada guerra contra el narco en México.

Según un estudio sobre sobre la llamada “Ley contra el narcomenudeo” del International Drug Policy Consortium la ley tiene los siguientes puntos positivos: 1) reconoce y diferencia entre usurario, farmacodependiente y traficante, lo que en un futuro puede permitir el desarrollo de los derechos de los consumidores, sean o no farmacodependientes. 2) Crea la posibilidad de debate público sobre los derechos individuales y los límites del Estado en materia de libertad de elección personal y de derechos de los consumidores. 3) Incluye la reducción de daños como política de Estado. Y 4) Mantienen los usos tradicionales de ciertas drogas por parte de las culturas indígenas del país.

Los aspectos negativos son: 1) No entiende la demanda y la oferta de drogas como un fenómeno cultural y de salud, tanto como uno criminal y de mercado. 2) Instaura la incitación al delito, ya que permite que policías encubiertos puedan simular compra de drogas para evidenciar a traficantes. 3) No resuelve la ilegalidad intrínseca del consumidor, pues no contempla un acceso seguro y legal de las personas a las drogas que permite poseer. 4) Obvia las capacidades policíacas reales para enfrentar el poder económico y de violencia del narcotráfico y expone a más policías a su capacidad de corrupción y cooptación. 5) Criminaliza y penaliza de forma bastante dura a los consumidores en caso de ser consignados por delitos consustanciales al acto de consumir. Y 6) Penas de cárcel desproporcionadas para quienes ingresan al mercado ilícito de drogas ante la falta de oportunidades económicas; un riesgo evidente para las franjas más vulnerables de la población, como campesinos, jóvenes y mujeres.

Las consecuencias después de 3 años de aplicación ha sido una sobre carga de los sistemas penitenciarios en México, pues la gran mayoría de las condenas son a mandos medios bajos de las estructuras del narcotráfico y narcomenudistas que distribuyen pocas cantidades de drogas; los altos mandos y fuentes de financiamiento del “narco” casi no han sido dañadas.

Peor aún, el Estado mexicano parece no tener control total del ejército, que ha sido usado en ese combate a las drogas. Recientemente un cable de Wikileaks dice que el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar (GSOMIA, por su siglas en inglés), que se firmó en septiembre de 2008 entre el almirante Francisco Saynez, Secretario de Marina, y Paul McHale, subsecretario del Departamento de Defensa, tras negociaciones iniciadas en 1981. Obliga a la Marina a no revelar toda su información a otras dependencias e incluso al Ejecutivo Federal, sin consultarlo directamente con el Pentágono.

El asunto se vuelve más grave, cuando otro cable de wikileaks revela que el cónsul de Asuntos Legales y Políticos de México, Fernando de la Mora, compartió información de inteligencia sobre combate a naco a la consultora gringa Stratfor, violando el acuerdo firmado.

Es casi un hecho que el siguiente Presidente será Enrique Peña Nieto, quien ha manifestado sus intenciones de continuar con el mismo modelo antidrogras de Felipe Calderón, dictado desde USA. Sin embargo se enfrenta a un gran rechazo social y evidencia de que el “aliado” del Norte no cumple sus acuerdos e incluso atenta contra la soberanía nacional. De ser así, para el siguiente sexenio podrías esperar una escalada en la ola de violencia y mayor sobre carga del sistema penitenciario.